¿Cómo afecta a las pymes y autónomos el aumento de la morosidad?

Como afecta el aumento de la morosidad

La morosidad, tanto pública como privada, es una de las principales lacras que ponen en serias dificultades a las empresas y los autónomos españoles. El retraso en el pago de las facturas provoca graves inconvenientes en los negocios, que pierden capacidad para afrontar inversiones y pagos y acaba llevando a muchas empresas al cierre.

Pere Brachfield, director del Centro de Morosología de EAE Business School, ha asegurado que más de 400.000 empresas españolas han cerrado sus puertas desde 2008 por culpa de la morosidad, con los graves efectos sobre el empleo que esto conlleva.

Los últimos datos publicados constatan que el periodo medio de pago entre empresas privadas sigue siendo muy prolongado, ya que alcanza los 82 días. Estos datos del boletín de morosidad y financiación empresarial de Cepyme contrastan con la normativa vigente, que obliga al sector privado a pagar a un máximo de 60 días.

Del mismo modo, el Ministerio de Hacienda publicaba que el Estado paga con una retraso de casi diez días por encima de los 30 legales, mientras que las comunidades autónomas se retrasan hasta una media de más de 88 días, 58 más que los establecidos en la normativa nacional contra la morosidad.

Retraso en el pago = Falta de liquidez

El retraso en el pago, o la no liquidación de los trabajos realizados, provoca la falta de liquidez de los proveedores para acometer inversiones y, más adelante, para realizar sus pagos más urgentes. Finalmente, se corta la llegada de suministros hasta que bloquea completamente cualquier actividad de la empresa proveedora. El negocio acaba abocado al cierre.

Así, tanto las empresas como los autónomos necesitan afrontar el problema de la morosidad desde dos puntos de vista:

  1. Conseguir liquidez para que no se pare el negocio mientras esperan a cobrar.
  2. Reducir la incidencia de los impagos.

En la actualidad existen soluciones financieras que permiten resolver estas dos necesidades. Es el caso del descuento de pagarés y el anticipo de facturas de Corfisa. Al tratarse de operaciones ‘sin recurso’, además de dar liquidez a las empresas sin esperar a cobrar de los clientes, también evitan los efectos de los impagos, ya que es Corfisa quien asume los efectos y la gestión de posibles impagados.