La morosidad del sector público ahoga a las pymes: pagos a más de 700 días vista

Cuanto más grandilocuentes sean las afirmaciones de un moroso afirmando que es una persona cumplidora y que va a liquidar todo el impago muy pronto, menos posibilidades hay de recuperar algún día la deuda.

Y España no es sólo un país de eminente raigambre morosa, sino un hervidero de promesas políticas incumplidas o incumplibles. Si a esta mezcla se le añaden unas gotitas de recesión, el cóctel resulta letal para las empresas proveedoras.

En plena hondonada económica y con cada vez más telarañas en las arcas, hay consenso entre los analistas sobre que el sector público está utilizando la dilación de los pagos a las empresas con las que contrata para financiarse. Los plazos de retribución de las facturas de las administraciones se han multiplicado. Se llevan la palma las autonomías y los ayuntamientos, verdaderos elefantes de piedra cuando de rendir cuentas se trata.

El sector público debe más de 35.000 millones de euros a sus proveedores y tarda una media de 154 días en pagarles, según una encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), que aglutina a más de un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.

La Administración central abona sus adeudos a una media de 140 días. 15 menos que las autonomías. La verdadera gran avalancha de impagos es la que se nutre de la tardanza de los más de 8.000 municipios, que tardan ni más ni menos que 238 días en pagar.

Ojo, esos datos son siempre “de media”. Porque hay buenos, malos y malísimos pagadores a lo largo y ancho de la piel de toro. Baste un ejemplo clarividente: el Ayuntamiento de Madrid puso recientemente una pica en los anales de la morosidad de las grandes urbes españolas, con el Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid.

Se trata de un imponente edificio que costará 9 millones de euros y que se irá pagando ni más ni menos que 730 días después de las certificaciones de las entregas de la obra, según fuentes implicadas. Esto es, como mínimo, 24 veces más tarde de los 30 días que estipula la ley.

Ejemplos como éste están a la orden del día: los proveedores de la construcción cobran sus facturas un 30% más tarde que en 2008, a una media de más de 240 días. Y las autonomías demoraron sus pagos a los proveedores de tecnología sanitaria en 2008 una media de 232 días, según el último dato de la patronal Fenin. Ante este panorama, hacía falta una lucha política, legal y cultural contra esta lacra de la economía española, que hasta ahora amenazaba la pervivencia de más de 600.000 empleos.

Nuevo marco legal

Esa pelea llegó a una de sus cumbres la semana pasada. Un año después de que las pymes acudieran desesperadas al Congreso para denunciar que la morosidad desangra sus cuentas, todos los partidos dieron de forma unánime el primer paso, pese a las reticencias del PSOE.

La reforma de la Ley de lucha contra la morosidad salió del horno de la Cámara Baja, camino de la aprobación final en el Senado, con unos nuevos plazos de pago de 30 días para el sector público y de 60 días para las empresas. Pero lo más importante es que se elimina la posibilidad de que las partes pacten un plazo de pago mayor.

Esta cláusula era la que estrangulaba y estrangula las arterias financieras de las pymes, ya que las empresas grandes imponen su fuerza para liquidar las facturas más tarde. Lo mismo hacen las administraciones públicas, que saben que las pequeñas compañías y los autónomos temen litigar con ellas “aunque tengan todas las de ganar”, ya que podrían perderlas como clientes. Y el sector público paga mal, muy mal, pero es un gran cliente para muchos sectores y prácticamente el único para otros.

Con este cambio “se ha generado un estado de optimismo y de esperanza en las empresas muy importante”, apunta Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). De hecho, los primeros cálculos apuntan a que la nueva medida podría devolver a las pymes más de 10.000 millones de euros adeudados. O lo que es lo mismo, un pellizco de liquidez superior al 1% del PIB.

Pero la implantación de esta reforma “que se escalonaría en el tiempo, hasta su implantación total en 2013″ no garantizará el cumplimiento de los plazos, ya que no se instaura el pago de intereses de demora “de oficio”, como señala Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de la EADS Business School. “No creo que las cosas cambien radicalmente, pero sí que mejoren los plazos de pago”, señala Luis Salvaterra, director de Intrum Justitia Ibérica.

La norma sí incorpora otros mecanismos para garantizar su cumplimiento. El PSOE pactó con CiU que los acreedores puedan reclamar indemnizaciones por los costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, con un límite del 15% para deudas superiores a 30.000 euros. Asimismo, se legitima a los proveedores para ejercer acciones colectivas contra las empresas que incumplan de “manera habitual” los plazos de pago.

Desazón local

El portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, admitió poco después que los ayuntamientos no podrán cumplir con esos plazos. Se abre una espita que llevaría a la quiebra a varias corporaciones locales.

Para evitarlo, sería necesaria una reforma de la financiación local que evite que los entes locales sigan asumiendo competencias que no les corresponden “educación, inmigración” por valor de casi 7.000 millones al año. Y a ese punto de ebullición normativa es a lo que se agarran los alcaldes para exigir cambios.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha abierto la veda: “No parece razonable” establecer a las administraciones pagos de imposible cumplimiento, ya que lo único que consiguen es «acrecentar más la deuda, a través de los superiores costes de la demora y transmitir la idea de que existe una legislación desacreditada”, opina el vocal de la Comisión de Hacienda de la FEMP, Santiago Martínez Argüelles.

Éste pone de ejemplo el Fondo Local de 2009, que se gestionó a través de un anticipo de la Administración central a los ayuntamientos, que exigía pagar en 30 días las facturas que prevenían del Fondo, y “con carácter general se pagaba”. Lo que obvió el vocal de la FEMP es que los contratistas del Fondo Local pagaban, a su vez, hasta a 180 días a sus proveedores, tal como adelantó este diario el 17 de noviembre de 2009.

Fuente: expansion.com